En un escenario en el que las criptomonedas en Latinoamérica se han popularizado, se busca la configuración de una regulación alrededor de estos activos. Durante 2013, el bitcoin tuvo un impresionante ascenso y alcanzó los mil dólares de valuación. Ese momento marcó un punto de inflexión en el mercado de criptomonedas y comenzó a disparar las alertas sobre la importancia que empezaban a tener esta economía digital y las posibilidades que genera.
De acuerdo con un estudio publicado el año pasado por Statista, Latinoamérica tiene el mayor número de usuarios de criptomonedas en el mundo.
Brasil, Colombia, Argentina, México y Chile se encuentran dentro de los 10 principales países de criptomonedas en Latinoamérica. Mientras tanto, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Francia estaban más cerca del final de la lista.
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Gran parte de Latinoamérica ha sido sacudida por el caos financiero en los últimos años. En medio del desempleo y la caída de las reservas, la inflación de Argentina aumentó en 2019. El alza de precios también afectó Brasil, donde en 2015 la inflación aumentó a la tasa más alta en trece años.
A pesar del riesgo y la volatilidad de las criptomonedas en Latinoamérica, los activos digitales se han convertido en una alternativa viable a las monedas nacionales inestables. Además, la barrera de entrada para la criptomoneda en muchos países latinoamericanos es a menudo más baja que las formas tradicionales de gestión financiera.
De acuerdo con información del Banco Mundial, aproximadamente la mitad de la población latinoamericana no tiene acceso a servicios bancarios básicos. Solo 113 millones de personas de una población de aproximadamente 650 millones tienen tarjetas de crédito.
Otro aspecto importante que expandirá, madurará y normalizará la industria de las criptomonedas en Latinoamérica es la participación activa de los gobiernos en la regulación y promoción del mercado.
Tan solo el 1 de agosto de 2019, entró en vigencia en Brasil la regulación que exige a los residentes brasileños que reporten transacciones que involucren criptomonedas.
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En 2018 se sancionó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como la Ley Fintech. Esta ley obliga al Banco de México a emitir la regulación correspondiente respecto a las criptomonedas y al sistema financiero. De este modo, se decidió que las instituciones financieras no pueden trasladar las operaciones ni los riesgos de estos instrumentos al usuario final.
Sin embargo, la ley tampoco restringe a los proveedores de servicios con criptomonedas. Estos pueden operar como una actividad vulnerable siempre que se registren en el Sistema de Administración Tributaria y reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar el lavado de dinero.
La situación de México es gris en lo que respecta al marco normativo ya que no hay ninguna ley que regule las criptomonedas directamente.
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