McDonald’s tuvo que abrir sus cartera en junio de 2022, aceptando pagar 1.310 millones de dólares (mdd) al fisco francés, tras ser investigada por sus estrategias de precios de transferencia. El acuerdo se ha convertido en uno de los más grandes derivados de una auditoría fiscal en la historia de Francia.
El fiscal jefe, Jean-Francois Bohnert, no se anduvo con rodeos y calificó la multa de 1.250 millones de euros como «castigo». Por su parte, Stéphane Noël, presidente del tribunal de París, señaló que se trataba de «un caso de importancia» y dejó claro que “la justicia financiera debe ser una prioridad».
El principal problema que vio el fisco francés fue que la compañía duplicó el porcentaje de regalías que pagaba a sus filiales en Luxemburgo y Suiza, subiéndolo del 5% al 10% entre 2009 y 2019, sin una razón de negocios evidente. Después de las acusaciones de la jueza Eva Joly en 2015, la autoridad fiscal decidió poner bajo la lupa a las filiales de la empresa, ya que la corporación no estaba reportando ganancias, a pesar de haber crecido durante esos años.
Según la autoridad fiscal francesa, el incremento de las regalías permitió a la cadena de comida rápida mover sus ganancias al extranjero y eludir parte de sus impuestos en Francia. Como resultado, el acuerdo incluyó una multa de interés público de 508 millones de euros, además de 737 millones de euros en impuestos atrasados y sanciones.
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Este caso deja varias lecciones para las empresas, sobre todo en lo que respecta a la gestión fiscal, la transparencia y el cumplimiento de las normas:
El caso muestra lo importante que es mantener una estructura fiscal transparente y cumplir con las leyes locales. Tratar de reducir impuestos con prácticas agresivas de precios de transferencia puede resultar en investigaciones costosas y sanciones enormes.
Aumentar las regalías o cambiar precios de transferencia entre filiales sin una justificación sólida puede ser visto como un intento de evasión fiscal. Las empresas deben asegurarse de que cualquier ajuste esté bien fundamentado y documentado.
Este caso resalta la necesidad de ser transparentes en las operaciones internacionales. Las empresas deben poder justificar sus decisiones fiscales y operativas de manera clara, tanto ante las autoridades como ante sus accionistas.
Las sanciones en este caso dejan claro que no cumplir con las regulaciones fiscales puede salir caro, no solo en términos de dinero, sino también para la reputación de la empresa. Las multas y los impuestos atrasados pueden ser descomunales, afectando la rentabilidad y la imagen corporativa.
Autor: Jimy Cruz Camacho, Partner Transfer Pricing and Valuations en PFK México
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