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Estados Unidos ha dado un paso significativo en su lucha contra los monopolios al solicitar la disolución de Live Nation, el corporativo que es dueño de Ticketmaster. Esta acción marca el comienzo de una probable ola de nuevas demandas antimonopolio, tanto de consumidores como de gobiernos estatales.
Live Nation y Ticketmaster han sido acusadas de ejercer un control monopólico sobre la industria de eventos en vivo. Las denuncias señalan que la empresa amenaza a los lugares que colaboran con competidores y excluye a otros rivales del mercado.
Estas prácticas han generado numerosas quejas entre los consumidores, quienes han visto cómo los precios de los boletos aumentan significativamente.
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Además de la acción gubernamental, se ha presentado una demanda colectiva de consumidores en un tribunal federal de Manhattan. Esta demanda solicita 5 mil millones de dólares en daños y perjuicios en nombre de millones de compradores de boletos afectados por las supuestas prácticas anticompetitivas de Live Nation.
El dueño de Ticketmaster ha calificado las acusaciones del gobierno como «infundadas» y afirma que actualmente hay «más competencia que nunca» en el mercado de eventos en vivo.
La empresa podría basar su defensa en la decisión del Departamento de Justicia de aprobar la adquisición de Ticketmaster hace más de una década. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumenta que desde entonces, Live Nation ha mostrado conductas anticompetitivas más expansivas.
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El caso ha sido asignado al juez Arun Subramanian, designado por el presidente Joe Biden. Este caso presenta cuestiones legales complejas sobre si la disolución de la compañía es un remedio legalmente permisible. Los abogados señalan que, aunque los consumidores han expresado su descontento con los precios de los boletos, demostrar casos antimonopolio ante un jurado puede ser un desafío.
El desenlace de este caso podría tener amplias repercusiones en la industria de eventos en vivo y en cómo se regulan las grandes corporaciones que dominan el mercado. Si bien la opinión pública no tiene un peso legal directo, las percepciones de los jurados podrían influir en el resultado final del caso.
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