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La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de Estados Unidos ha acusado a Amazon de prácticas laborales ilegales y negarse a negociar con un sindicato que representa a los conductores empleados por un contratista.
La denuncia, anunciada el miércoles, señala que Amazon es un «empleador conjunto» de los conductores que trabajan para el contratista Battle Tested Strategies (BTS).
Los conductores de BTS votaron para unirse al sindicato International Brotherhood of Teamsters el año pasado, convirtiéndose en los primeros contratistas de Amazon en sindicalizarse. Sin embargo, Amazon, según la denuncia de la NLRB, cayó en prácticas laborales ilegales y violó la ley al rescindir su contrato con BTS después de que los trabajadores se sindicalizaran, sin antes negociar con el sindicato.
La NLRB también subraya que Amazon utilizó prácticas laborales ilegales para desalentar las actividades sindicales en una instalación en Palmdale, California.
El sindicato ha afirmado que Amazon ejerce control sobre los conductores, lo que lo convierte en su empleador bajo la ley laboral federal.
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El concepto de “empleo conjunto” ha sido uno de los temas más debatidos en el ámbito laboral estadounidense. En este caso, la NLRB considera que Amazon debería ser considerado coempleador de los conductores, ya que tiene un control indirecto sobre ellos, aunque la empresa ha argumentado lo contrario.
Amazon ha asegurado en el pasado que no tiene suficiente control sobre las condiciones laborales de los conductores como para ser considerado su empleador conjunto.
Sin embargo, el presidente de los Teamsters, Sean O’Brien, afirmó que Amazon está tratando de obtener los beneficios del trabajo de los conductores sin asumir la responsabilidad de su bienestar.
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Si un juez determina que Amazon es un empleador conjunto, la decisión podría tener un impacto más amplio. Podría obligar a Amazon a negociar con los sindicatos de otros conductores en sus distintas instalaciones y afectar la relación laboral con sus contratistas en general.
Este caso se llevará a cabo en Los Ángeles, con una audiencia inicial programada para marzo del próximo año. En este escenario, la decisión del juez podría ser apelada ante un tribunal federal y sentar un precedente importante en el ámbito laboral.
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